Durante años en Chile, los consumidores de cannabis han debido ajustar sus conductas a lo establecido en la conocida «Ley 20.000», la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
Sin embargo, los problemas con esta ley de 2005 se han sucedido uno tras otro desde su promulgación. Han sido numerosos los casos de procedimientos excesivos ante consumidores portando pequeñas cantidades, como así también las investigaciones contra usuarios medicinales de marihuana.
Un problema fundamental con esta ley, ha sido su poca especificidad en términos de las conductas que busca sancionar, no estableciendo una definición clara para identificar y distinguir los casos de tráfico y micro tráfico de aquellos relacionados con personas que hacen uso personal del cannabis como parte de un tratamiento indicado por un profesional.
Debido a esta larga data de conflictos y tropiezos con la legislación, múltiples organizaciones como corporaciones de usuarios medicinales, growshop online, bancos de semillas y muchas otras, han sufrido o viven con el miedo a sufrir malos entendidos con la justicia que pueden derrumbar pequeñas empresas.
En los últimos días fue conocida y comentada la situación vivida por Freddy Hermosilla, quien mantenía al interior de su casa en la localidad de El Quisco, un total de 24 plantas y 2,5 kilogramos de flores secas de marihuana, las cuales eran destinadas al tratamiento de su esposa, Jennifer Carreño, quien utiliza marihuana por indicación médica como método paliativo de los dolores derivados de una tumoración mamaria.
Pese a que no hubo pruebas suficientes para condenarlo por delito de tráfico, a la fecha Freddy Hermosilla arriesga una condena de hasta 8 años de cárcel y una multa que supera los dos millones de pesos por delito de cultivo y cosecha no autorizados de Cannabis.
El matrimonio, quienes son miembros de Fundación Daya, recibieron apoyo por parte de su presidenta, la actriz Ana María Gazmuri, quien mediante sus redes sociales anunció que acudirán a la Corte Suprema en busca de justicia.
En vista de lo establecido por la Ley 20.000, la que en su Artículo 4° permite el cultivo para quienes acrediten que este sea destinado a algún tratamiento médico, el equipo jurídico de Fundación Daya buscará revocar la sentencia de Hermosilla, presentando como pruebas las declaraciones de Jennifer, de su médico tratante, recetas médicas y otros documentos.
Como consumidores y promovedores de la cultura en torno a la marihuana, sabemos que es de vital importancia que, tanto las autoridades judiciales, como los mismos cuerpos de policía, conozcan y respeten el derecho al uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo del Cannabis, aún más en casos donde existan antecedentes que justifiquen su uso como parte de tratamientos de salud.
